¿Cuáles son nuestros principales retos pendientes?

El número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas sigue siendo inaceptablemente alto. Es necesario redoblar los esfuerzos para prevenir estos crímenes y garantizar la justicia para las víctimas. Asimismo, debemos destacar la morbilidad de esta violencia y el consecuente incremento de carga asistencial en Atención Primaria y Atención Hospitalaria. En este sentido, el Informe anual del Ministerio de Sanidad refleja una línea ascendente en ambas ramas año tras año.  

Trabajar con un Instrumento común estandarizado para la detección temprana de la violencia de género en el Sistema Nacional de Salud facilitará la recopilación de datos en las diferentes comunidades autónomas en las que se organiza territorialmente el Estado español.

La introducción de la medida cautelar de protección de víctimas de violencia de género en 2004, la posterior reforma del Código Penal en 2015, para tipificar los diferentes tipos delictivos de violencia de género y violencia doméstica, y la última reforma por la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, para que puedan aprobarse medidas «aun sin denuncia», han supuesto nuestra herramienta fundamental de protección.

Sin embargo, se requieren más medidas para garantizar el cumplimiento de las órdenes: mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones implicadas, mejorar la formación de los y las profesionales, implementar medidas tecnológicas para el seguimiento y control de las mismas y perseguir el incumplimiento, con sanciones más severas.

Por otro lado, también se muestra necesario mejorar la atención a las víctimas vulnerables, que pueden tener dificultades para acceder a los recursos especializados y garantizar la igualdad de acceso a la justicia en todo el territorio. La Directiva propone aportar canales accesibles, fáciles de usar, seguros y con disponibilidad inmediata.

A partir del año 2007, se crearon en España las Oficinas de Denuncia y Atención a la Mujer de la Policía Nacional, las Oficinas de Denuncias de Policía Autonómica y los Equipos Mujer y Menor de la Guardia Civil. En todas ellas, las víctimas pueden ser atendidas por agentes especializados y especializadas.

Respecto al posible uso de las TIC, en 2014 se instauró AlertCops, una aplicación móvil gratuita, creada desde la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de España. La finalidad principal de AlertCops es mejorar y facilitar el acceso a determinados servicios públicos de seguridad ciudadana. Sin embargo, denunciar los hechos mediante la aplicación requiere firmar presencialmente a posteriori en sede policial.

Reforzar las medidas de protección para los y las menores y garantizar su acceso a atención especializada es otro de los retos que no podemos perder de vista. En este sentido, debe aumentarse la formación de los órganos jurisdiccionales para analizar el régimen de visitas garantizando siempre el bienestar del o la menor, teniendo en cuenta los hechos de violencia doméstica, posibles actos de negligencia, enfermedades mentales o cambios de domicilio.

A tenor de los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 17 de julio de 2024, un total de 60 menores han sido asesinados/as por sus padres o las parejas de sus madres en España. Estos asesinatos se consideran «crímenes vicarios».

A pesar de que la Ley Integral introdujo la obligación de «consentimiento» en el acto sexual, no fue hasta la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, que se introdujo el concepto de consentimiento expreso. Esta ley establece que solo se considerará que hay consentimiento si se manifiesta de forma libre y voluntaria.

Aunque el acceso a las medidas de atención a víctimas de agresiones sexuales está garantizado en España, estamos siendo testigos del aumento de casos. Es necesaria la implementación de investigaciones sobre los múltiples factores que podrían estar influyendo: estereotipos de género, cultura de la violación en la que se minimiza la violencia sexual, falta de educación sexual, acceso a la pornografía…

En cuanto a las medidas de prevención, la Directiva insta a garantizar la implementación de programas de intervención. A raíz de esto, se plantea el reto de fomentar la investigación sobre la implementación de los programas con maltratadores para comprobar su efectividad y garantizar una reducción en la reincidencia de los agresores.

Por último, cabe analizar el papel de los medios de comunicación y su formación específica en la materia. Claros ejemplos del impacto sobre la sociedad son el caso de Ana Orantes, cuya valiente declaración en televisión y su posterior asesinato a manos de su marido marcó un punto de inflexión, y el reciente documental No estás sola: la lucha contra La Manada (2024), sobre la agresión sexual perpetrada por cinco hombres. Ambos casos fueron detonantes para el aumento de denuncias.